Los Comités Consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y el de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunciaron la aprobación el pasado viernes 24 de enero de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
De acuerdo con comunicado de esta Secretaría, entre los principales cambios que se aprobaron figura el etiquetado frontal de advertencia que les permitirá a los consumidores identificar de una “forma rápida, clara y veraz aquellos productos con exceso de nutrientes críticos, como azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético. Con ello se da cumplimiento a la reciente modificación de la Ley General de Salud por parte del Honorable Congreso de la Unión”, afirma el comunicado.
A partir del 14 de agosto de 2019 los integrantes de los comités mencionados y sus grupos de trabajo empezaron a colaborar de manera estrecha sosteniendo más de 20 reuniones con técnicos y expertos para otorgarle el soporte científico a la norma.
Posteriormente, el 11 de octubre de 2019, el proyecto de NOM se publicó en el Diario Oficial de la Federación para consulta pública, finalizando el 10 de diciembre, lo que generó más de 5.200 comentarios que convirtieron la labor de normalización en “la de mayor interés y participación de la sociedad mexicana”, reza el comunicado.
La Secretaría de Economía y la COFEPRIS convocaron a todos los sectores interesados a llevar a cabo reuniones para estudiar y atender los comentarios recibidos y hacer las modificaciones necesarias al proyecto.
Estos comentarios se clasificaron en 178 numerales que fueron sometidos a revisión, análisis, discusión y resolución. De ellos, 177 (98%) fueron aprobados por consenso; los restantes fueron aprobados por mayoría de votos, dice el comunicado de esta entidad mexicana.
Entre los comités y grupos de trabajo que participaron en las reuniones figuraban el sector industrial, organismos internacionales, centros de enseñanza superior, colegios de profesionales, la sociedad civil y centros de investigación, así como diversas dependencias del Gobierno de México.
