Hasta finales del mes de septiembre se habían instaurado en México más de 40 amparos judiciales frente a la aplicación desde el pasado 1 de octubre de la norma que obliga a la inclusión de sellos de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas que superen los límites establecidos de azúcares, grasas, calorías y sodio.
Las empresas que han acudido a esta medida señalan que con las disposiciones se violan derechos a la información, a la salud y que no permiten a los consumidores discernir con claridad ni comparar los productos que adquieren.
Una de las inconsistencias señaladas por los representantes de las empresas que han interpuesto los amparos, entre las que se encuentran compañías con presencia nacional como Unilever, Diageo, Ferrero de México, GEPP, Heineken, Hershey´s, Jumex, José Cuervo, La Costeña, Mondelēz, Grupo La Moderna, Sigma y Danone, Jugos del Valle, Coca-Cola, Bimbo y Lala, entre muchas más, es el corto plazo que se ha dado para la entrada en vigor de la NOM-051, que limita a seis meses el proceso de rediseño y producción de los empaques y etiquetas de los productos, transcurridos en medio de las restricciones y dificultades impuestas por la pandemia.
Las empresas reclamantes advierten además que la norma no define claramente las porciones, independientemente del tamaño del producto, y que las cantidades específicas de ingredientes críticos por porción no son claramente identificables, además de que no permite realizar comparaciones precisas entre productos y porciones.
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Todos los productos que se hayan envasado antes del 1 de octubre de este año podrán comercializarse con empaques que no contengan los sellos de advertencia, hasta agotar sus inventarios, sin embargo, desde el 1 de diciembre, las empresas que no acaten la norma podrán ser sancionadas. El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía de México, Ernesto Acevedo Fernández, señaló que mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva cada uno de los casos presentados por las empresas, estas deberán acatar la normativa, pues les fue negada una suspensión provisional de los plazos determinados para su cumplimiento.
Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a varias de las empresas que interpusieron los recursos de amparo contra la norma, señaló que la entidad que preside inició la demanda por las preocupaciones de que existan violaciones al derecho a la información, la salud e inquietudes sobre la forma en que se adelantó el proceso de elaboración de la norma.
